Río Silala


Río Silala, río Siloli o manantial del Silala, es un cauce hidrográfico que se encuentra en la frontera entre Bolivia y Chile.
Nace originalmente como una acumulación de manantiales provenientes del salar de Uyuni y luego recorre algunos kilómetros hasta desembocar en el río San Pedro de Inacaliri, parte de la cuenca hidrográfica del río Loa. De acuerdo a Bolivia, este cauce habría sido formado artificialmente por canalizaciones realizadas por chilenos durante los años 1960 en territorio boliviano, juntando una serie de vertientes cordilleranas sin circulación determinada.
Dicho cauce habría sido descrito por primera vez en 1880 por el ingeniero inglés Hosias Holding, pero recién el 11 de junio de 1906, la empresa "The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited" (actual Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia) pasó a ser titular en Chile de una merced de aguas sobre el Silala, otorgada por la Intendencia de Antofagasta, la que fue inscrita en el correspondiente registro. La merced de aguas fue aprobada dos años más tarde por el gobierno boliviano, el 23 de septiembre de 1908. La Compañía concesionaria en sus inicios utilizó el agua para el suministro de ella a las máquinas de su ferrocarril, pero posteriormente permitió su utilización a diversas empresas del norte de Chile, principalmente a Codelco-Chuquicamata y a las empresas sanitarias de Antofagasta.
El 5 de mayo de 1996, diarios bolivianos acusaron la utilización de aguas bolivianas al denunciar que el Silala sería un cauce artificial canalizado por chilenos. Aunque el gobierno boliviano afirmó que el río era un cauce internacional y que Chile tenía derechos en su curso inferior, en los años posteriores reclamaron formalmente a las autoridades chilenas y en 1997, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se revocaron las patentes de agua a FCAB y Codelco. Las tensiones entre ambos países se acentuaron e incluso el gobierno boliviano amenazó con cortar la salida del cauce superior del Silala, exigiendo indemnizaciones multimillonarias a las que el gobierno chileno se ha negado rotundamente, bajo el argumento de la utilización de aguas internacionales